Un derrotero de pérdidas que terminaron en quiebra
Según el escrito
judicial, en los primeros cinco meses del año, la empresa perdió 15,36 millones
de pesos. Foto: Archivo
Si los escritos judiciales pretenden mostrar algo
más que un mero descargo procesal,
el que presentó la imprenta Donnelley para pedir su propia quiebra denota que, lejos de haber
terroristas económicos, en la compañía había directivos que no podían hacer
rentable un negocio que alguna vez lo fue.
De acuerdo con los datos de la solicitud de quiebra
que los abogados llevaron a la justicia comercial, la empresa que ahora es acusada de terrorismo económico acumuló,
en los primeros cinco meses del año, pérdidas por $ 15,36 millones. "El
período comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2014, el quebranto acumulado
ascendió a $ 40.855.050", dice textualmente el escrito judicial.
Cuando una
empresa o una persona se presenta y pide su propia quiebra debe relatar los
hechos y las cifras que llevaron a tomar la decisión de liquidar de esta manera
una sociedad. Y así lo hizo Donnelley. "En los últimos
años, diversas circunstancias, entre otras, el incremento de los costos
laborales, los mayores precios en la materia prima, los aumentos de los costos
de energía y el incremento en las tasas de interés de la financiación bancaria
han generado a RRD Argentina (tal es el nombre de la sociedad) una constante
pérdida operativa. Los accionistas y directores de RRD Argentina intentaron
revertir esta tendencia deficitaria mediante distintas acciones, buscando una eficiencia
en la operación que mejorara la situación operativa y financiera", relata
el documento.
"Podrá
discutirse si esta es una buena gestión empresaria o no. Podrá discutirse si la
imprenta no actuó con cierto desmanejo de la cosa cuando no avisó a los
clientes y a los empleados cuáles serían los planes. Pero de ahí a
creer que esta quiebra forma parte de una conspiración para atemorizar a la
sociedad me parece que hay una distancia muy grande. Es imposible que una
quiebra por caída del mercado o por mala gestión pueda ser considerado
terrorismo económico", dijo un abogado que conoce los pliegues del
expediente.
"A mediados de 2013, RRD Argentina inició el Programa de Recuperación
Productiva (Repro) que el Ministerio de Trabajo otorgó durante los meses de
octubre de 2013 a
enero de 2014, pero quedó sin efecto ante la falta de la firma del acuerdo por
parte del sindicato", relatan los abogados de la compañía.
Poco
después, se inició el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Pero la cartera que maneja Carlos Tomada se excusó y derivó
las actuaciones a la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires. Si la visión del Gobierno estuviese en lo correcto,
nadie reparó, ni en la Nación
ni en la provincia, que detrás de esos escritos formales se escondía una célula
de terrorismo económico.
Ayer, el delegado
de la empresa, Martín Killing, confirmó que los trabajadores pretenden la
estatización de la empresa: "Una de las mejores maneras de sacar la
empresa adelante era la estatización, pero Tomada nos explicó que esa medida se
reserva para actividades que impliquen un servicio público", dijo a Radio
Continental.
En
el documento judicial, la empresa destacó que "la fuerte caída de volumen
de producción llegó a 39% en los últimos dos años y provocó el agravamiento de
las pérdidas y la imposibilidad de cubrir los costos fijos".
La ley de
quiebras establece que la
Justicia debería cerrar la empresa y vender rápido para
asegurar la continuidad laboral. Pero por ahora, la planta está tomada.
Fuente: La Nacion
16/08/14
Nota de la edicion:
De acuerdo a la “ley de concurso y quiebra”
la firma presento lo que técnicamente son hechos reveladores de la cesación de
pagos entorno a las perdidas por la que la empresa sufría y para lo cual se vio
obligada a obtener subsidios del ministerio de trabajo a mediados del año
pasado, cuya suerte no obtuvo sus frutos ya que no pudo obtener. Una salida rápida
es la posibilidad de estatizar la firma, cosa que es imposible desde el punto
de vista legal, ya que la estatización se reserva solo para aquellas
actividades de interés público, lo cual reflota la idea de la continuidad de la
empresa através de la inversión privada o mediante la figura de cooperativa de
trabajo. Pensar en que por la quiebra implica la liquidación de los activos de
la empresa per se no es correcto ya que la , misma ley prevé la continuidad de
la empresa mediante ciertas condiciones y con determinados mecanismos.
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