Reunión con el Gobierno para tratar de evitar nuevos despidos en Lear y
Donnelley
En su conferencia matinal, Capitanich defendió la
ley antiterrorista. Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió
a los empresarios que despidan a trabajadores que aplicará la ley
antiterrorista e intentará reformar en el
Congreso la ley de abastecimiento, el Gobierno intentó ayer presentar la buena
noticia de que "se garantizará la continuidad laboral" en dos
empresas en crisis. Lo hizo tras sendas reuniones del jefe del
Gabinete, Jorge Capitanich, con los representantes gremiales de la imprenta
Donnelley y con los directivos de la autopartista Lear.
Sin
embargo, la situación aún es indefinida tras los encuentros celebrados en el
Salón Norte de la Casa
Rosada , entre las 15 y las 17.
Por
un lado, el director general de Lear, Antonio Marín, ratificó lo que había
anticipado anteayer: reabrirá sus puertas el martes próximo si el Gobierno le
garantiza que las delegaciones gremiales más radicalizadas de Smata no le toman
la planta tras dos meses de conflicto.
Según
dijeron a LA NACION
fuentes de la Casa Rosada ,
"Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 trabajadores despedidos",
lo cual es uno de los ejes la controversia. El Gobierno se comprometió a
garantizará el orden en la fábrica. Sin embargo, Capitanich no dio información
oficial del acuerdo.
En el caso de
Donnelley, Capitanich se reunió con la Federación Gráfica
Bonaerense, representada por Mario Abraham, y acordó que "el espíritu será
mantener las fuentes de trabajo", para evitar el despido de los 400
empleados; garantizó que "seguirá existiendo la imprenta", y dijo que
para ello intentará buscar un "inversor privado" o conformar una
"cooperativa" en manos de los trabajadores.
El
Gobierno se comprometió además a "no desalojar la planta".
Los
accionistas y directivos de Donnelley, que pidieron la quiebra que les fue
concedida por el juez comercial Gerardo Santichia, no asistieron a la reunión
porque, según el Gobierno, "no están ubicables".
Cristina Kirchner
había anunciado anteayer que la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Ricardo Echegaray, solicitaría la
aplicación a Donnelley de la ley antiterrorista, y la denunció penalmente por
alterar el orden económico y financiero. La demanda recayó ayer en juez federal
Daniel Rafecas.
Según
ella, la imprenta invocó una "quiebra falsa, fraudulenta y mafiosa",
por estar supuestamente vinculada al fondo buitre NML Elliot, de Paul Singer.
La
mandataria dijo que Singer buscaría así una represalia contra el Gobierno por
no acordar una forma de pago, tal lo dispuesto por el juez de Nueva York,
Thomas Griesa, y caer así en default selectivo.
Según
trascendió en la Casa
Rosada , la
Presidenta , que ayer viajó a Santa Cruz, está muy preocupada
por la posibilidad de que se acentúe la crisis de cierres de empresas y
despidos de trabajadores, y por la investigación judicial que los fondos
buitres activaron en Estados Unidos para rastrear cuentas y empresas fantasma
del empresario Lázaro Baez y así vincularlas con supuestas maniobras de lavado
de dinero de la familia Kirchner.
Es
así como adoptó la estrategia del amedrentamiento con las leyes antiterrorista
y de abastecimiento.
De
las reuniones de ayer participaron además los ministros de Trabajo, Carlos
Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. También
estuvieron el jefe del gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de
Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.
"Se
garantizará la continuidad laboral en ambas empresas. El martes abrirá Lear. Y
el Gobierno y los sindicatos acordarán una manera de mantener abierta la
imprenta Donnelley con un inversor privado o con una cooperativa",
señalaron fuentes del Gobierno a LA
NACION.
La
continuidad de Donnelley encierra aún más dudas que certezas. Fuentes gremiales
y gubernamentales confiaron a LA
NACION que la definición del conflicto dependerá la evolución
judicial de la quiebra, para lo cual se reunirán el martes próximo con el juez
Santichia.
"El juez y
el síndico son permeables a la continuidad", dijo un dirigente gremial en
Balcarce 50.
El
conflicto en Lear, en tanto, no está saldado. El miércoles próximo habrá una reunión
interna en Smata, donde el sindicato que dirige Aldo Pignanelli podría
desplazar a la comisión gremial interna de la empresa, de la izquierda
combativa y enfrentada al jefe sindical.
Por su parte, el presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró ayer que si Rafecas acepta la figura
de terrorismo para Donnelley, pedirá congelar activos de sus accionistas en la Argentina y en los
países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)..
Fuente: La Nacion
16/08/14
Reseña
respecto a la ley Antiterrorista (ley 26268)
Nota de la edicion:
Respecto a ambas empresas
en crisis lo que se busca es preservar los puestos de trabajo, en el caso
particular de Donnelley la salida es la continuación de la empresa mediante la
inversion de capitales privados o mediante la figura de cooperativas.
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