La ley anti terrorista y las empresas en crisis Lear y Donnelley

Reunión con el Gobierno para tratar de evitar nuevos despidos en Lear y Donnelley

En su conferencia matinal, Capitanich defendió la ley antiterrorista.  Luego de que la presidenta Cristina Kirchner advirtió a los empresarios que despidan a trabajadores que aplicará la ley antiterrorista e intentará reformar en el Congreso la ley de abastecimiento, el Gobierno intentó ayer presentar la buena noticia de que "se garantizará la continuidad laboral" en dos empresas en crisis. Lo hizo tras sendas reuniones del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, con los representantes gremiales de la imprenta Donnelley y con los directivos de la autopartista Lear.

Sin embargo, la situación aún es indefinida tras los encuentros celebrados en el Salón Norte de la Casa Rosada, entre las 15 y las 17.

Por un lado, el director general de Lear, Antonio Marín, ratificó lo que había anticipado anteayer: reabrirá sus puertas el martes próximo si el Gobierno le garantiza que las delegaciones gremiales más radicalizadas de Smata no le toman la planta tras dos meses de conflicto.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, "Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 trabajadores despedidos", lo cual es uno de los ejes la controversia. El Gobierno se comprometió a garantizará el orden en la fábrica. Sin embargo, Capitanich no dio información oficial del acuerdo.

En el caso de Donnelley, Capitanich se reunió con la Federación Gráfica Bonaerense, representada por Mario Abraham, y acordó que "el espíritu será mantener las fuentes de trabajo", para evitar el despido de los 400 empleados; garantizó que "seguirá existiendo la imprenta", y dijo que para ello intentará buscar un "inversor privado" o conformar una "cooperativa" en manos de los trabajadores.

El Gobierno se comprometió además a "no desalojar la planta".

Los accionistas y directivos de Donnelley, que pidieron la quiebra que les fue concedida por el juez comercial Gerardo Santichia, no asistieron a la reunión porque, según el Gobierno, "no están ubicables".

Cristina Kirchner había anunciado anteayer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Ricardo Echegaray, solicitaría la aplicación a Donnelley de la ley antiterrorista, y la denunció penalmente por alterar el orden económico y financiero. La demanda recayó ayer en juez federal Daniel Rafecas.

Según ella, la imprenta invocó una "quiebra falsa, fraudulenta y mafiosa", por estar supuestamente vinculada al fondo buitre NML Elliot, de Paul Singer.

La mandataria dijo que Singer buscaría así una represalia contra el Gobierno por no acordar una forma de pago, tal lo dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y caer así en default selectivo.

Según trascendió en la Casa Rosada, la Presidenta, que ayer viajó a Santa Cruz, está muy preocupada por la posibilidad de que se acentúe la crisis de cierres de empresas y despidos de trabajadores, y por la investigación judicial que los fondos buitres activaron en Estados Unidos para rastrear cuentas y empresas fantasma del empresario Lázaro Baez y así vincularlas con supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner.

Es así como adoptó la estrategia del amedrentamiento con las leyes antiterrorista y de abastecimiento.

De las reuniones de ayer participaron además los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. También estuvieron el jefe del gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.

"Se garantizará la continuidad laboral en ambas empresas. El martes abrirá Lear. Y el Gobierno y los sindicatos acordarán una manera de mantener abierta la imprenta Donnelley con un inversor privado o con una cooperativa", señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

La continuidad de Donnelley encierra aún más dudas que certezas. Fuentes gremiales y gubernamentales confiaron a LA NACION que la definición del conflicto dependerá la evolución judicial de la quiebra, para lo cual se reunirán el martes próximo con el juez Santichia.

"El juez y el síndico son permeables a la continuidad", dijo un dirigente gremial en Balcarce 50.

El conflicto en Lear, en tanto, no está saldado. El miércoles próximo habrá una reunión interna en Smata, donde el sindicato que dirige Aldo Pignanelli podría desplazar a la comisión gremial interna de la empresa, de la izquierda combativa y enfrentada al jefe sindical.

Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró ayer que si Rafecas acepta la figura de terrorismo para Donnelley, pedirá congelar activos de sus accionistas en la Argentina y en los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)..

Fuente: La Nacion 16/08/14

Reseña respecto a la ley Antiterrorista (ley 26268)

La Ley Antiterrorista Argentina: es una ley de reforma del Código Penal sancionada por el Congreso Argentino el 13 de junio de 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Fue modificada el 22 de diciembre de 2011. El texto inicial de la ley estableció penas de prisión a quienes formaran parte de una asociación ilícita con fines terroristas, fines cuya tipificación ha sido controversial. La reforma posterior derogó la figura de "asociación ilícita con fines terroristas" pero agregó al Código Penal el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en que "alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Nota de la edicion:

Respecto a ambas empresas en crisis lo que se busca es preservar los puestos de trabajo, en el caso particular de Donnelley la salida es la continuación de la empresa mediante la inversion de capitales privados o mediante la figura de cooperativas.

Donnelley y las claves sobre la presentación de propia quiebra

Con patrimonio neto positivo

La situación de Donnelley Argentina dista bastante de lo que se espera de una empresa en bancarrota. La firma, cuya sede central se encuentra en el paraíso fiscal de Dellaware, Estados Unidos, no presenta niveles de deuda significativos con el fisco argentino y mantiene un patrimonio neto positivo de 40 millones de dólares. De todos modos, los 400 trabajadores de la planta de Garín encontraron hace unos días el predio cerrado y un papel pegado en la puerta que justificaba el cierre tras 22 años de actividad en el país “en una crisis insuperable de la firma, sin alternativas viables”. La AFIP denunció que a través de un complejo entramado de intereses societarios, la repentina quiebra busca presionar al país para acordar con los fondos buitre. Entre sus accionistas hubo dinero de Paul Singer.

RR Donnelley imprime y distribuye revistas de gran tirada local como Gente, Pronto, Caras, Para Ti, Paparazzi y Billiken. A nivel global, Donnelley LLC reportó una ganancia de 218 millones de dólares el año pasado y estima incrementar los guarismos en este ejercicio. El cierre había sido leído como una crisis del sector. “La industria gráfica no está en crisis. El cierre de la imprenta Donnelley es un caso particular, que no representa la actualidad del sector”, sostuvo el presidente de la Federación de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), Juan Carlos Sacco. En el sector existen unos 6200 talleres con 70 mil trabajadores.

La presentación de la AFIP en la Justicia Comercial se basa en el estado contable de la empresa, el cual arroja una baja deuda con el Fisco, inferior a 100 mil pesos, un activo de 180 millones de pesos y un pasivo de 140 millones. Por su parte, la denuncia penal sostiene que los fondos que integran la sociedad buscan “posicionar a determinados tenedores de instrumentos financieros (bonos) en situación de negociarlos a determinado precio”, explicaron fuentes oficiales. Esto se explica por la presencia de fondos buitre en el paquete accionario de Donnelley. En la composición accionaria de RR Donnelley & Sons Company figuran los fondos de inversión Blackrock Inc., Capital World Investors, The Vanguard Group Inc. y State Street Corporation. Estos grupos inversores son socios del conocido fondo de inversión Elliott, propiedad de Singer, quien había transferido su participación en Donnelley (un 7 por ciento) a Blackrock, quien cuenta con un 8,4 por ciento actualmente.

Este grupo de fondos mantiene negocios en el sector energético, a través de la empresa Hess Corporation, lo que hace presumir en el Gobierno una intención de avanzar sobre los activos de YPF en Vaca Muerta. También tienen participaciones comunes, entre otros, en Delphi Automotive PLC, con presencia en el país. La denuncia ante la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense pretende que estos fondos aclaren la declaración de quiebra que no se condice con su estado contable.

Fuente: pagina12 Pagina 12 15/08/14

Nota de edicion:

La nota en referencia da cuentas que la firma puede estar en condiciones susceptibles “técnicamente” de entrar en quiebra ya que una empresa o particular con ecuación patrimonial igual a A>P puede encuadrarse en el estado de cesación de pagos. Lo que nos permite observar es que tendriamos que obtener mas datos acerca de la situación particular de la firma para determinar si encuadra dentro de los presupuestos de la ley 24522.

Novedades sobre el caso Donnelley

Un derrotero de pérdidas que terminaron en quiebra

 Según el escrito judicial, en los primeros cinco meses del año, la empresa perdió 15,36 millones de pesos. Foto: Archivo 

Si los escritos judiciales pretenden mostrar algo más que un mero descargo procesal, el que presentó la imprenta Donnelley para pedir su propia quiebra denota que, lejos de haber terroristas económicos, en la compañía había directivos que no podían hacer rentable un negocio que alguna vez lo fue.

De acuerdo con los datos de la solicitud de quiebra que los abogados llevaron a la justicia comercial, la empresa que ahora es acusada de terrorismo económico acumuló, en los primeros cinco meses del año, pérdidas por $ 15,36 millones. "El período comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2014, el quebranto acumulado ascendió a $ 40.855.050", dice textualmente el escrito judicial.

Cuando una empresa o una persona se presenta y pide su propia quiebra debe relatar los hechos y las cifras que llevaron a tomar la decisión de liquidar de esta manera una sociedad. Y así lo hizo Donnelley. "En los últimos años, diversas circunstancias, entre otras, el incremento de los costos laborales, los mayores precios en la materia prima, los aumentos de los costos de energía y el incremento en las tasas de interés de la financiación bancaria han generado a RRD Argentina (tal es el nombre de la sociedad) una constante pérdida operativa. Los accionistas y directores de RRD Argentina intentaron revertir esta tendencia deficitaria mediante distintas acciones, buscando una eficiencia en la operación que mejorara la situación operativa y financiera", relata el documento.

"Podrá discutirse si esta es una buena gestión empresaria o no. Podrá discutirse si la imprenta no actuó con cierto desmanejo de la cosa cuando no avisó a los clientes y a los empleados cuáles serían los planes. Pero de ahí a creer que esta quiebra forma parte de una conspiración para atemorizar a la sociedad me parece que hay una distancia muy grande. Es imposible que una quiebra por caída del mercado o por mala gestión pueda ser considerado terrorismo económico", dijo un abogado que conoce los pliegues del expediente. "A mediados de 2013, RRD Argentina inició el Programa de Recuperación Productiva (Repro) que el Ministerio de Trabajo otorgó durante los meses de octubre de 2013 a enero de 2014, pero quedó sin efecto ante la falta de la firma del acuerdo por parte del sindicato", relatan los abogados de la compañía.

Poco después, se inició el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero la cartera que maneja Carlos Tomada se excusó y derivó las actuaciones a la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Si la visión del Gobierno estuviese en lo correcto, nadie reparó, ni en la Nación ni en la provincia, que detrás de esos escritos formales se escondía una célula de terrorismo económico.

Ayer, el delegado de la empresa, Martín Killing, confirmó que los trabajadores pretenden la estatización de la empresa: "Una de las mejores maneras de sacar la empresa adelante era la estatización, pero Tomada nos explicó que esa medida se reserva para actividades que impliquen un servicio público", dijo a Radio Continental.

En el documento judicial, la empresa destacó que "la fuerte caída de volumen de producción llegó a 39% en los últimos dos años y provocó el agravamiento de las pérdidas y la imposibilidad de cubrir los costos fijos".

La ley de quiebras establece que la Justicia debería cerrar la empresa y vender rápido para asegurar la continuidad laboral. Pero por ahora, la planta está tomada.

Fuente: La Nacion 16/08/14

Nota de la edicion:

De acuerdo a la “ley de concurso y quiebra” la firma presento lo que técnicamente son hechos reveladores de la cesación de pagos entorno a las perdidas por la que la empresa sufría y para lo cual se vio obligada a obtener subsidios del ministerio de trabajo a mediados del año pasado, cuya suerte no obtuvo sus frutos ya que no pudo obtener. Una salida rápida es la posibilidad de estatizar la firma, cosa que es imposible desde el punto de vista legal, ya que la estatización se reserva solo para aquellas actividades de interés público, lo cual reflota la idea de la continuidad de la empresa através de la inversión privada o mediante la figura de cooperativa de trabajo. Pensar en que por la quiebra implica la liquidación de los activos de la empresa per se no es correcto ya que la , misma ley prevé la continuidad de la empresa mediante ciertas condiciones y con determinados mecanismos.